EL BONO DE LA DISCORDIA

Miguel Molina Díaz

Fue el gobierno de Jamil Mahuad el que dio vida a la iniciativa del Bono de la Pobreza, hoy llamado Bono de Desarrollo Humano. Comenzó con un valor de 100 mil sucres (aproximadamente 18 dólares según el tipo de cambio de 1998). Durante el gobierno de Noboa Bejarano, después de la devaluación y muerte del sucre, el bono fue fijado en USD 10.50 y luego fue incrementado a USD 11.50. El gobierno del Gutiérrez, en el 2003, realizó un incremento que situó el valor del bono en 15 dólares. No hubo más incrementos sino hasta el 2007, cuando la administración Correa lo fijó en USD 30.

Lo cierto es que desde su implementación en 1998, si bien ha servido como herramienta de legitimación gubernamental, el bono nunca ha tenido el protagonismo del que goza en estos días. Dos son los temas que se deben analizar: primero la validez del bono como modelo económico y, en segundo lugar, la viabilidad real de su incremento a 50 dólares a través del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, enviado por el Presidente Correa a la Asamblea con carácter económico urgente y posteriormente aprobado.

Cuando en el 2007 se produjo el incremento a USD 30, Janeth Sánchez –entonces Ministra de Inclusión Económica y Social–, explicó que el bono se debía entender como una medida provisional que solo existiría el tiempo que la Revolución Ciudadana se demoré en desarrollar industrias exitosas que generen altos niveles de empleo y prosperidad. Entonces, aseguró Sánchez, esa medida “subsidiaria” llegaría a su fin. El argumento, ciertamente, parecía razonable e inteligente.

Pero 5 años después el bono no ha desaparecido, todo lo contrario, se proyecta como un elemento clave de la política económica de la revolución. Los 30 dólares y el incremento sin precedentes de beneficiarios han sido las columnas del sistema clientelar que sostiene al gobierno del presidente Correa. Y lo triste es que no es una política económica sustentable sino una marcada por un populismo feroz que, fortalecido por el apoyo de los sectores populares, ha desarrollado una dinámica autoritaria.

Es verdad que los bancos fueron causantes de la peor crisis económica del país. No lo olvidamos. Pero hay que aceptar que las instituciones financieras que sobrevivieron a esa crisis fueron, en su mayoría, aquellas que tuvieron políticas responsables –en relación a los que quebraron- para el manejo de los fondos de los depositantes. Y más de una década después, mal que mal, los afectados y el país se han ido recuperando. Lo inentendible es que hablaban, los asambleístas, de dignidad cuando justificaban su voto favorable para aprobar la Ley de Redistribución del Gasto Social. Pero se equivocaron: no es digno, ni de nueva izquierda, acostumbrar a la gente al asistencialismo del Estado en lugar de promover el desarrollo de sus talentos colectivamente.

Lo de fondo es que este es un debate, ante todo, electoral. Fue Guillermo Lasso, demostrando una limitación del intelecto político no perdonable, quién en primer lugar propuso el incremento del bono para ganar adeptos en el marco de su campaña electoral. Y es Correa, el candidato oficial, quién tomó la decisión de incrementarlo, precisamente, a la cifra propuesta por Lasso. Solo que financiándolo con las ganancias de los bancos. ¿Cuáles son los criterios técnicos para fijar los 50 dólares? ¡No existen! Es un capricho más del caudillo para dar lecciones de poder. ¿Hasta cuándo seguirán siendo tan irresponsables en la toma de decisiones? Y lo más grave es que el Bono de Desarrollo Humano –repito- consolida la idea de un Estado omnipresente y subsidiario que, con sus mecanismos de clientelismo electoral, insulta la capacidad de la gente para emprender y alcanzar sus proyectos de vida en base a sus talentos y destrezas. Señores y señoras: ¡Bienvenidos al flamante Populismo del Siglo XXI!