Por: Miguel Molina Díaz
El proyecto constitucional que se someterá a referéndum el próximo 28 de septiembre es una apuesta para romper paradigmas e implantar innovaciones que contradicen las teorías más conservadoras del constitucionalismo. En cuanto a la Educación, la nueva Carta Magna ha despertado polémica y controversia en ciertos sectores que poco o nada han profundizado en el texto constitucional. Las afirmaciones que se han esgrimido como criticas categóricas al texto son diversas, pero considero que tienen falencias insostenibles. En primer lugar, me referiré a la tergiversación que habla de que se limitará la libertad de cátedra porque el Estado controlará la educación en una suerte de adoctrinamiento político. ¡Parece que vivimos en países diferentes! Entonces, quisiera que me respondan ¿cuándo el pensum de educación no ha sido dirigido por el Ministerio de Educación? ¿En qué país del mundo las autoridades educativas no coordinan un marco para garantizar que todas las instituciones brinden una educación de calidad a los estudiantes? Pero bueno, aquí no termina la campaña de mentiras. También dicen que con la Nueva Constitución desaparecerá la educación privada y religiosa. Sin embargo el Art. 345 establece que “la educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, privadas y fiscomisionales.” Y es que leer el texto constitucional es la única arma que tenemos en contra de los engaños y pretextos de los defensores del estatu quo y, en consecuencia, es también el único mecanismo para ejercer un sufragio responsable. Dicen que se impondrá una educación laica a todos los alumnos en todas las instituciones educativas; sin embargo, el Art. 29 claramente especifica que “las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.” Y es que los campañistas del No tienen una facilidad para inventar escenarios preocupantes y perversos. Pienso que los aportes de esta Constitución a la educación del país, no solo en lo referente a lo académico, sino también en lo cultural, habla de fomentar una sociedad más incluyente que reconoce al kichwa y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural; que reivindica la dignidad de las personas con el sumak kawsay; y que establece la Soberanía Alimentaria como mecanismo para tener el derecho a no morirse de hambre. Aseguro con profunda convicción que este proyecto constitucional, en cuanto a educación, es mucho mejor que la carta vigente. Debemos tener bien claro que esta es la constitución de la educación gratuita hasta el tercer nivel de educación superior.
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