La otra cara de Rafael Correa, doctor honoris causa

Por Miguel Molina Díaz

A propósito de la investidura a Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, creo que vale la pena realizar un contraste de la imagen de estadista democrático que se intenta mostrar al mundo y que tanto celebran ciertos sectores progresistas europeos.

Si bien existen obras, sobre todo en infraestructura, que no se pueden dejar de aplaudir, el Ecuador está sobreviviendo a un régimen al que le incomoda el ejercicio de libertades públicas y que ha emprendido un drástico proceso de reducción de la democracia.

En el Ecuador, hoy por hoy, no es posible el ejercicio pleno de la libertad de expresión. El 14 de junio del año pasado, el Órgano Legislativo, con mayoría correísta, aprobó la controversial Ley de Comunicación que, entre otras medidas alarmantes, establece la figura del linchamiento mediático, cuya configuración pone en riesgo al periodismo de investigación cuando se da seguimiento a casos que requieren cobertura permanente y que pueden ser incomodos para el régimen, lo cual promueve, consecuentemente, la censura previa.

Por mandato de la mencionada Ley se creó la Superintendencia de Información y Comunicación con enormes facultades discrecionales que, entre sus primeros actos, sancionó –olvidando que las caricaturas están protegidas por el principio de animus iocandi– al caricaturista Xavier Bonilla (conocido como BONIL) por referirse, en su obra humorística, al allanamiento a la residencia del activista Fernando Villavicencio, que en ese entonces era asesor del legislador Cléver Jiménez.

Hoy Jiménez, Villavicencio y, otro activista, Carlos Figueroa, fueron condenados en un juicio interpuesto por el presidente Correa. En el 2011 los tres presentaron una denuncia en la Fiscalía a fin de que se investigue la posible orden del primer mandatario para que lo rescaten del hospital de la policía, en el que se encontraba retenido contra su voluntad, durante la insurrección policial del 30 de septiembre del 2010. La denuncia fue declarada maliciosa y temeraria y, posteriormente, Correa los denunció por injurias al sentir que, en esa denuncia, se sugería que había cometido delitos de lesa humanidad.  

El caso de Jiménez, militante del movimiento indígena, es especialmente alarmante tomando en cuenta que por su condición de legislador estaba investido de inmunidad parlamentaria, la cual no fue respetada para procesarlo. Al ser dictada la írrita sentencia, Jiménez fue ilegalmente destituido del cargo de elección popular, en primer lugar, por las autoridades administrativas de la Asamblea Nacional del Ecuador. Posteriormente la mayoría gobiernista, alejados del debido proceso, ratificaron esa destitución. Su sentencia lo condena a disculpas públicas, 18 meses de prisión y el pago de 140 mil dólares de indemnización a Correa.

La lista de los perseguidos políticos sigue. Un grupo de 10 jóvenes que bordeaban los 20 años de edad, conocidos como ‘Los 10 de Luluncoto’, fueron detenidos en marzo del 2012 y permanecieron 9 meses en prisión por, supuestamente, atentar contra la seguridad del Estado. Algunos de los elementos probatorios para sostener la acusación fueron imágenes del Che Guevara, discos de música protesta (de Víctor Jara) y libros de Lenin y de Marx, que se encontraron en sus residencias.

Del mismo modo, otros opositores al gobierno de Correa, en su mayoría activistas de sectores sociales y movimientos políticos, han sido perseguidos judicialmente: la profesora Mery Zamora, sentenciada por sabotaje y terrorismo; el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, por supuesto intento de magnicidio durante el 30-S; los dirigentes indígenas José Acacho y Pedro Mashiant, por terrorismo organizado; Paul Jácome, en el caso de ‘Los 7 de Cotopaxi’, por tentativa de actos de terrorismo; la profesora Rosaura Bastidas, procesada por terrorismo por intervención a conflicto local; y hace dos semanas se detuvo y se dictó prisión preventiva contra Javier Ramírez, dirigente comunitarios que se opone a las actividades mineras en  la zona de Íntag.

Un caso insólito ocurrió el año pasado. Estudiantes de último año de colegio, conocidos como los ’12 del Central Técnico’ fueron procesados por actos de rebelión, debido a que protagonizaron una protesta en su plantel educativo en la cual hubo daños a bienes materiales (tema que, lógicamente, pudo haber sido resuelto por medio de la legislación civil; no penal).

Es larga, en ese mismo sentido, la persecución judicial al activista por la conservación y cuidado del agua Carlos Pérez Guartambel. Estos procesos judiciales se están llevando a cabo en el seno de una Función Judicial que, a pretexto de requerir una reforma para innovarla y mejorarla, cayó en el campo de influencia del poder ejecutivo. En su momento el juez Baltazar Garzón, veedor del proceso de reforma al sistema judicial, cuestionó la elección de determinados jueces y pidió revisiones que no fueron tomadas en cuenta.

La judicialización de la protesta, e incluso de la política, es una clara muestra de la tendencia autoritaria del régimen correísta. En el caso del legislador Clever Jiménez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares ordenando al Estado ecuatoriano no ejecutar la orden de prisión. El gobierno, pese a que en el caso del ecuatoriano Nelson Serrano pidió este tipo de medidas contra los Estados Unidos, ha declarado que no las reconoce ni las acatará.

Por todo esto, y mucho más, es incomprensible que sectores progresistas europeos respalden a un régimen cuyas acciones están desmantelando el sistema democrático ecuatoriano. El gobierno de Rafael Correa está lejos de ser progresista. Basta ver la sanción de 30 días de suspensión impuesta a las legisladoras de su propio partido por plantear la necesidad de debatir sobre la interrupción del embarazo en casos de violación, durante la discusión del nuevo Código Penal. Y basta ver, además, la decisión de extraer el petróleo del Parque Nacional Yasuní, una de las reservas ecológicas más biodiversas del planeta en donde habitan dos pueblos aborígenes no contactados.

En diciembre pasado, mediante acuerdo ministerial, el gobierno de Correa cerró la Fundación Pachamama, que defendía la no explotación del Parque Nacional Yasuní. Fue uno de los efectos del tan criticado Decreto Ejecutivo 16, el cual, a pretexto de regular el funcionamiento de las organizaciones sociales y ciudadanas, viola los estándares internacionales y principios de la libertad de asociación. Pero claro, esto no interesa al presidente ecuatoriano, para quien su amigo, Nicolás Maduro, pese a las imágenes que recorren el mundo, es “incapaz de reprimir”.

Cabe señalar que la decisión de explotar el Yasuní contraviene, expresamente, una disposición constitucional en la cual se dice que las actividades extractivas en los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario constituirán delito de etnocidio. Los postulados constitucionales, sin embargo, no parece importarle al presidente que, después de haber asegurado que respetará la prohibición de la Carta Magna que impide la reelección indefinida, ha planteado la posibilidad de una reforma para competir en los comicios del próximo 2017.

Lo más doloroso y preocupante es la división de la sociedad en bandos antagónicos que el régimen correísta promueve, por ejemplo, con las agresivas cadenas sabatinas que dedica a sus opositores. Si bien me congratula que la Universidad de Barcelona –el mismo día en que se recuerda a Cervantes, Shakespeare y la celebración de Sant Jordi– tome en cuenta a un ciudadano de mi país para homenajearlo, mantengo la esperanza de que en su discurso el rector Didac Ramírez le recuerde al presidente Correa que la democracia no implica únicamente ganar elecciones, sino lograr y sostener la independencia de poderes, garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y respetar a los que piensan diferente.

* Fotografía de la investidura de Rafael Correa como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Economía de Los Urales (Rusia), tomada del portal web de Radio Sucre.