Por Miguel Molina Díaz
Al termino de las dolorosas y sanguinarias dictaduras latinoamericanas que llenaron de muertos, torturados y desaparecidos nuestro continente, en los años 70s y 80s, las sociedades de nuestros países exigían el mantenimiento perpetuo de la “memoria colectiva” y proclamaban: “¡Nunca más! Pero, cuál es el sentido de la “memoria colectiva” para el Ecuador en estos precisos días de inicio de año? ¿Acaso los ecuatorianos tenemos memoria social? Este 14 de enero, se cumplirá un año desde el asesinato automovilístico a la señora Natalia Emme, lamentable acontecimiento que visibilizó la necesidad de cuestionarnos la confianza en la Fiscalía General del Estado y la idoneidad ética de su titular, Washington Pesántez. En aquellos días, un grupo de asambleístas, después de realizar una minuciosa investigación, denunciaron públicamente las irregularidades encontradas en el manejo de la Fiscalía y plantearon en contra del Fiscal un juicio político, cercenado posteriormente por la inaudita intromisión del poder ejecutivo en el proceso.
Un año después los resultados son escalofriantes: impunidad para los funcionarios de la fiscalía que prevaricaron respaldando a Pesántes y señora, antes incluso de iniciar la investigación, así como juicios, persecuciones y tentativas de dictaminar prisión preventiva en contra de los testigos claves que aportaron al juicio. Un año después, mientras el Fiscal Pesántez asiste a reuniones en donde propone soluciones para afrontar el colapso de la función judicial y delibera internamente sobre su reelección para continuar al frente del Ministerio Público o aspirar, por el contrario, al Consejo de la Judicatura, la Asambleísta Romo, denuncia insólitas investigaciones dirigidas desde la Fiscalía General, que con insistencia pretenden incriminar a los padres de la legisladora en ilícito tributario o lavado de activos. Tanto en el caso Emme, como en las persecuciones vengativas de Pesántez en contra de sus cuestionadores, se cometieron atrocidades contra el debido proceso, que no hacen más que evidenciar la inexistencia de justicia en el país.
Ahora preguntémonos: ¿Existe revolución sin justicia? ¿La impunidad es la ética revolucionaria de este gobierno encubridor? Hoy por hoy, resulta urgente no perder la memoria, resulta imperante buscar la verdad, porque parece que les quedó demasiado grande el Estado Constitucional de Derechos y Justicia a los funcionarios que utilizan el poder público para venganzas y persecuciones, y peor aún al Presidente y su séquito, que se han vuelto ciegos en su complicidad con el Fiscal General, y dejaron a un lado a los ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos debieron proteger. Parece que la prepotencia y la imposición del poder sobre el poder, se han convertido en políticas de Estado en el Ecuador. Pero NO Señor Fiscal, no olvidaremos su maestría para malversar, desestimar e inventar pruebas, ni borraremos de nuestra memoria sus abusos. ¡Esto hace mucho que no es revolución!
