PARAGUAY INC.

Miguel Molina Díaz

La destitución del presidente Fernando Lugo de Paraguay ha sido el tema principal a lo largo y ancho del continente. En tan solo 24 horas el Congreso paraguayo realizó la acusación (por parte de la Cámara de Diputados), valoró la prueba en el Senado, concedió 2 horas para la defensa del Jefe de Estado y decidió cesar en sus funciones a Lugo. Seguramente uno de los juicios políticos más rápidos de la historia.

La institución jurídica del juicio político es una garantía del derecho constitucional para realizar el control político en el sistema de pesos y contrapesos. Desde 1979, cuando se inauguró la democracia ecuatoriana, las destituciones de los presidentes no han respondido al juicio político sino a la declaración de incapacidad mental y del abandono de cargo. Los procesos de juicios políticos, en sistemas democráticos maduros, pueden demorar largos meses, jamás 24 horas. Pero esas son, a fin de cuentas, artimañas procesales. Lo de fondo es la democracia. Y la madurez política.

Es verdad, los presidentes deben ser cesados en sus funciones cuando incurran en gravísimas violaciones a la constitución, a los derechos humanos, cuando sean encontrados en delitos flagrantes. Ese es, o debería ser, un derecho primordial de los ciudadanos de todos los países.

Pero no es justificable que legisladores, contrarios al Jefe de Estado, cambien de un día a otro el gobierno de un país, sin argumentos ni legales ni legítimos, tan solo pactando entre partidos, sumando apoyos, caprichos y votos. En el caso de Lugo se violó temerariamente los principios del debido proceso. No es cierto que con el juicio político se aplicó la constitución, por el contrario, desmantelaron el procedimiento legal prostituyendo la institución del juicio político.

El riesgo es el establecimiento de una dictadura de partidos, como la que hubo en el Ecuador hasta hace poco. Y este tipo de procedimientos, que violentan las leyes, llegan a colapsar y dan paso a gobiernos populistas, duraderos y, sobre todo, autoritarios. En fin, pésimo ejemplo el de Paraguay.

*Diario La Hora

HONDURAS ESTA EN LLAMAS

Por Miguel Molina Díaz

Honduras tiene sus venas abiertas, como todos los pueblos latinoamericanos que siguen buscando respuestas a sus requerimientos históricos, pero el caso hondureño es más grave, el país se ve en medio de una crisis política desoladora. Los representantes del stablishment hondureño llevaron a cabo un golpe de estado militar contra el Presidente Manuel Zelaya, para impedir que se pregunte al pueblo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, a través de una encuesta no vinculante. Fueron las fuerzas políticas temerosas al cambio, las que depusieron al mandatario con la complicidad del ejercito. Después orquestaron en el parlamento una parodia para justificar el golpe y con un descaro infinito destituyeron a Zelaya por abandono de cargo. ¡Pero si fueron ellos los que expulsaron al presidente tras secuestrarlo y someterlo con las armas! También secuestraron y agredieron a la Canciller y a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bloquearon las señales de los medios de comunicación que informaban sobre el golpe y solo dejaron al aire novelas y programas de gastronomía. ¿Cuál es el límite de una derecha desesperada? ¿Hasta que punto los principios de la democracia pueden ser manipulados y tergiversados? Es claro que después de dictaduras autoritarias y gobiernos civiles corruptos en América Latina todavía hay sectores que no logran comprender el significado de la democracia. ¿Como es posible que no se permita al pueblo, real soberano de la nación, emitir sus opiniones y sobretodo expresar su voluntad en cuanto a su propio futuro? Que equivocados están los que piensan que la democracia se reduce a elecciones periódicas y que descarados son los pretextos de la derecha para no perder su dominio político frente a una ciudadanía que esta comenzando a participar y a exigir cambios profundos. Y en ese sentido habría que preguntarle a Michelleti, nuevo monigote protector de los poderes facticos, y a la Corte Suprema: ¿Que legalidad puede tener la expulsión del legítimo presidente de la república, su sometimiento por parte de militares armados y su posterior destitución absurda? ¡Hasta se inventaron una carta de renuncia! Para marginar la indignación ciudadana incluso llegaron al autoritarismo de imponer un toque de queda. La comunidad internacional, desde Chavez hasta Obama, han repudiado las acciones temerarias emprendidas en contra del Estado de Derecho y del régimen constitucional en Honduras. Creo que esta será la prueba de fuego para la comunidad internacional, demostrar que más allá de los fervores del ALBA, los pueblos de este continente estamos dispuestos a cambiar el destino que nos impusieron los defensores del Statu-Quo, que no vamos a tolerar los caprichos de una clase política que por décadas fue incapaz de garantizarnos condiciones de vida dignas, y que sobretodo nada podrá detener a los ciudadanos y ciudadanas organizados en su decisión de cambiar la historia. Zelaya es uno de los muchos hombres y mujeres que encendieron el fuego del cambio en Honduras, ahora esa llama será indetenible.

miguelmolinad@gmail.com