MEMORIA COLECTIVA Y WASHINGTON PESÁNTEZ

Por Miguel Molina Díaz

Al termino de las dolorosas y sanguinarias dictaduras latinoamericanas que llenaron de muertos, torturados y desaparecidos nuestro continente, en los años 70s y 80s, las sociedades de nuestros países exigían el mantenimiento perpetuo de la “memoria colectiva” y proclamaban: “¡Nunca más! Pero, cuál es el sentido de la “memoria colectiva” para el Ecuador en estos precisos días de inicio de año? ¿Acaso los ecuatorianos tenemos memoria social? Este 14 de enero, se cumplirá un año desde el asesinato automovilístico a la señora Natalia Emme, lamentable acontecimiento que visibilizó la necesidad de cuestionarnos la confianza en la Fiscalía General del Estado y la idoneidad ética de su titular, Washington Pesántez. En aquellos días, un grupo de asambleístas, después de realizar una minuciosa investigación, denunciaron públicamente las irregularidades encontradas en el manejo de la Fiscalía y plantearon en contra del Fiscal un juicio político, cercenado posteriormente por la inaudita intromisión del poder ejecutivo en el proceso.

Un año después los resultados son escalofriantes: impunidad para los funcionarios de la fiscalía que prevaricaron respaldando a Pesántes y señora, antes incluso de iniciar la investigación, así como juicios, persecuciones y tentativas de dictaminar prisión preventiva en contra de los testigos claves que aportaron al juicio. Un año después, mientras el Fiscal Pesántez asiste a reuniones en donde propone soluciones para afrontar el colapso de la función judicial y delibera internamente sobre su reelección para continuar al frente del Ministerio Público o aspirar, por el contrario, al Consejo de la Judicatura, la Asambleísta Romo, denuncia insólitas investigaciones dirigidas desde la Fiscalía General, que con insistencia pretenden incriminar a los padres de la legisladora en ilícito tributario o lavado de activos. Tanto en el caso Emme, como en las persecuciones vengativas de Pesántez en contra de sus cuestionadores, se cometieron atrocidades contra el debido proceso, que no hacen más que evidenciar la inexistencia de justicia en el país.

Ahora preguntémonos: ¿Existe revolución sin justicia? ¿La impunidad es la ética revolucionaria de este gobierno encubridor? Hoy por hoy, resulta urgente no perder la memoria, resulta imperante buscar la verdad, porque parece que les quedó demasiado grande el Estado Constitucional de Derechos y Justicia a los funcionarios que utilizan el poder público para venganzas y persecuciones, y peor aún al Presidente y su séquito, que se han vuelto ciegos en su complicidad con el Fiscal General, y dejaron a un lado a los ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos debieron proteger. Parece que la prepotencia y la imposición del poder sobre el poder, se han convertido en políticas de Estado en el Ecuador. Pero NO Señor Fiscal, no olvidaremos su maestría para malversar, desestimar e inventar pruebas, ni borraremos de nuestra memoria sus abusos. ¡Esto hace mucho que no es revolución!

ABRIL DEL 2005 Y DEL 2010

Por Miguel Molina Díaz


Hace 5 años, el 20 de abril del 2005, amanecía un país desbordado por la crisis política y la inquebrantable posición de una ciudadanía indignada, rebelde y forajida. Los quiteños exigíamos: “Que se vayan todos.” En esos días los acontecimientos nos estaban dejando asqueados y decidimos darle un giro a la historia, mientras el Subsecretario de Bienestar Social disparaba desde su ministerio a quienes protestaban en contra del Gobierno. La noche anterior, miles de personas partimos desde la Cruz del Papa en el Parque la Carolina hacía el Centro de Quito, teníamos la consigna de llegar al Palacio de Carondelet y deponer al Dictócrata, quién nos esperaba con rectificaciones sin sentido, prepotencia y represión policial. Caminamos con la bandera tricolor y las camisetas de la selección de futbol, sentíamos al país en nuestra piel, en nuestros ojos y en nuestros gritos, esa noche y madrugada el Ecuador estaba en las calles de la capital defendiendo su dignidad y construyendo el porvenir. La escapatoria del Coronel traidor fue huir en helicóptero pero su destitución no fue el objetivo final de esa jornada: queríamos cambiarlo todo, comenzar de nuevo.


Ahora, 5 años después de la Revuelta Forajida, vemos como el 20 de abril encendió la llama de una serie de aspiraciones y luchas sociales que estuvieron relegadas de la política nacional por décadas, y se requirió de una nueva Constitución para concertar un pacto social incluyente y con perspectivas de futuro y bienestar social. La necesidad de una Revolución Ciudadana se evidenció con la Rebelión de los Forajidos y el desafío de hoy consiste en no olvidar sus orígenes, recordar que surgió de la rebeldía e indignación de la sociedad. Estamos asistiendo a un mes de abril que nos pide recuperar la memoria, sobre todo ahora, cuando el Fiscal General de la Nación impone su prepotente poder sobre la función legislativa para que no fiscalice sus abusos y negligencias. Lo que está pasando en el país es inaceptable, vemos como el Presidente de la República impone su criterio declarando la inocencia del Fiscal y solicita la renuncia de la inmunidad a los legisladores interpelantes, a pesar de que la inmunidad parlamentaria es una atribución irrenunciable del legislador en cualquier parte del mundo. ¿Acaso el Presidente es juez para revisar y validar las pruebas? ¿Es admisible que la Asamblea agache la cabeza ante los gritos y amenazas de Washington Pesantez, máximo representante de la degeneración de la justicia ecuatoriana?


Los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no son legisladores consecuentes, mucho menos forajidos, son las crónicas de un fracaso anunciado. El fracaso de la Función legislativa y su tarea fiscalizadora, el fracaso de la decencia y la ética de esta revolución, el fracaso del país y su institucionalidad. El Fiscal Pesantez es el autor de un sistema de administración mafioso de la Fiscalía, el mismo que está encubierto por los recintos y remodelaciones que dice haber emprendido. La motivación de su juicio político no es el atropello a la Señora Emme, a pesar de que su abusiva interferencia en ese proceso le hace merecedor de una denuncia penal por obstrucción a la justicia y nos revela a los ciudadanos la real cara de un funcionario que no tiene reparos en acusar a la víctima de un accidente en el que esta implicada su esposa, de haber estado en estado etílico a horas de la mañana mientras iba a retirar a su hija de pocos años de la guardería. Eso entre una cantidad distorsiones de las pruebas. El atropello no fue solo a la Señora Emme y su buen nombre, sino a todos los ciudadanos decentes, a la institucionalidad del Estado y al sistema judicial, y tiene que ver con su enturbiada gestión en la Fiscalía, no solo en el accidente. La falta de decencia descalifica a cualquier persona natural, peor aún a un funcionario público y es inaudita en un Fiscal General. ¿Qué pasó con el recuerdo del abril del 2005, su rebeldía y su capacidad de indignación frente a lo inmoral? ¿Dónde están los forajidos que deberían estar combatiendo al Fiscal Pesantez y defendiendo la dignidad del país? ¿Cuál es la ética de la Revolución Ciudadana que tolera los abusos de quién denigra la justicia?


C.I.: 1717990137